Situación en Radio América

Los trabajadores de Radio América vienen resistiendo desde hace 9 meses un vaciamiento que los dejó sin sueldos, sin obra social ni aportes previsionales. Han defendido el aire de la emisora por sus fuentes laborales y por sus oyentes, pagando con las donaciones recibidas los gastos de luz, teléfono e internet. Mientras tanto, concurrieron en casi veinte oportunidades al Ministerio de Trabajo para reclamar por los salarios y aguinaldos caídos. Primero, con los representantes de Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Javier Fernández, accionistas del Grupo 23; luego, con Mariano Martínez Rojas, un “empresario” desconocido que apareció a fines de enero como nuevo dueño y que tampoco se hizo cargo de los sueldos ni de las emisiones. Mientras tanto, los trabajadores dialogaban y exigían al Enacom que interviniera para ordenar la situación. Pero no aparecieron funcionarios hasta la violenta irrupción de Martínez Rojas en la radio y el diario Tiempo Argentino, hecho que desató el repudio nacional e internacional y por el que se inició una causa que ya pasó al fuero federal. Anteriormente, el mismo “empresario” había tomado con la misma gente la planta transmisora y aún continúa ocupándola.

El jueves pasado, 8 de septiembre, el Enacom anunció la caducidad de la licencia y el llamado a licitación de la radio. Sin embargo, dicho llamado no se ajusta a los términos legales pertinentes. El Enacom no interviene mediante el artículo 50 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tal como pedimos. Es decir, no se hace cargo de la emisora mientras se llama a concurso y apenas menciona que sigue en estudio la ayuda a los trabajadores de parte del Ministerio de Trabajo. Y más aun: anuncian que la firma Desup, a cuyos responsables les sacan la licencia, “debe hacerse cargo de las emisiones”; contradictorio castigo ante el abandono empresarial. Es decir que para cumplir con lo dispuesto por el Enacom, los trabajadores deben seguir al aire por su propio esfuerzo y gastos, pagando aún la energía de la garita de seguridad de prefectura que debe protegerlos tras el ingreso de la patota el 4 de julio.

Los empresarios criminalizan el reclamo y los funcionarios de Enacom y Trabajo tratan de que los trabajadores lo judicialicen y no cumplen con sus funciones.

¡Basta! Exigimos la defensa de los puestos de trabajo, de la libertad de expresión y del derecho a la información.

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