Ante los despidos en prensa, declaración de la Defensoría del Público

La Defensoría del Público recomienda medidas urgentes y efectivas contra los despidos masivos y arbitrarios, la precarización laboral y la persecución sindical e ideológica en los servicios de comunicación audiovisual, ya que vulneran los derechos de las audiencias

Frente a las afectaciones a los derechos de más de 2600 personas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual provocadas por despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica durante los últimos seis meses, la Defensoría del Público recomienda a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas urgentes y efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a los derechos de las audiencias; y revertir las ya producidas.

De acuerdo con la información recabada en diálogo con trabajadores y trabajadoras y sus representantes, pertenecientes a algunos medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, durante los últimos seis meses se registraron despidos y/o retiros voluntarios de 123 personas en la señal de noticias CN23; proceso de vaciamiento en Radio América con el abandono de 126 trabajadoras y trabajadores; 13 despidos en Canal 26; más de diez en Crónica TV; ocho en Radio Continental; 20 en Radio Nacional; posible proceso de vaciamiento y abandono de 26 trabajadores en Radio Madres; despidos en las áreas de producción y administración en radios Rock and Pop, Metro y Belgrano; sueldos adeudados a 100 personas en la señal de noticias 360TV; pago de salarios en cuotas a 32 personas en Radio Splendid; y a 140 personas en Radio del Plata; 300 puestos de trabajo en riesgo en radios FM de Córdoba por falta de sustentabilidad; 220 en SRT, también de Córdoba; 25 trabajadores precarizados en Radio El Mundo; 40 con incumplimiento salarial en Radio Rivadavia; y siete personas despedidas en el Sistema de Televisión Digital del Estado Nacional.

Esta situación se verifica también en medios gráficos y portales periodísticos en Internet: 14 personas han sido despedidas en el diario “El Argentino”; 32 en “La Mañana” de Córdoba y 30 incluidas en el proceso preventivo de crisis; 2 delegados fueron despedidos en BAE-Crónica; 50 personas en Infonews, más de 200 en Tiempo Argentino y 30 en las publicaciones zonales de ese diario, y 24 personas en Infojus.

DEFE

A las conflictividades laborales enumeradas se suman alrededor de 1000 puestos de trabajo que se perdieron por la discontinuidad de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales, falta de pago de pauta publicitaria estatal, incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), falta de información sobre la titularidad de las licencias, silenciamiento de la situación general, falta de pago de aportes previsionales y denuncia de ausencia de los organismos estatales con competencia específica en la búsqueda de soluciones, afectando la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, quienes han manifestado ante la Defensoría en los últimos meses, su preocupación por la reducción de espacios mediáticos que canalicen la pluralidad de voces y la diversidad de perspectivas de la sociedad.

Las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el trabajo y la estabilidad del empleo, pronunciándose contra el despido. Fundamentalmente, la Declaración Universal de Derechos humanos en su artículo 23; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7 inciso d) del Protocolo de San Salvador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Carta incorpora a la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios fundamentales sobre la dignidad humana y se pronuncia en el Convenio N° 158 y en la Recomendación N° 166, sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición en el puesto de trabajo. Sobre todo en afectaciones y despidos que impliquen la violación de otros derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de las audiencias. Asimismo, en el caso de haberse producido el abandono de la emisora, la autoridad de aplicación deberá garantizar la continuidad de la prestación del servicio, tal como plantea el artículo 50 del decreto reglamentario de la LSCA.

La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ratificado la prohibición a las restricciones a la libertad de expresión mediante “vías o medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, tanto por restricciones gubernamentales indirectas, como mediante “controles… particulares” que produzcan el mismo resultado (caso Baruch Ivcher Bronstein). En igual sentido, en línea con los Principios 5 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca la vulnerabilidad de los periodistas en la región producida por: “…acciones tales como el cierre de programas, despidos o renuncias forzadas…” (Comunicado 154/06). Este mismo criterio se reitera en informes posteriores de la Relatoría, como el “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para el año 2015, en referencia a despidos en medios de comunicación de Chile, Bolivia, Guatemala, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

En función de lo expuesto y reconociendo que la precarización laboral y los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de expresión, a la vez que funcionan como factores de disciplinamiento editorial y social, la Defensoría del Público recomienda a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales, en particular a los ministerios nacionales de Trabajo, Empleo y Segurdad Social y de Desarrollo Social, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a la Comisión Redactora para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078 y a ambas cámaras del Congreso Nacional, sobre todo a sus Comisiones encargadas de abordar las problemáticas laborales y comunicacionales, que adopten en el marco de sus competencias, medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a la comunicación y revertir las vulneraciones que ya se han producido.

Además, este cuadro de situación será puesto en conocimiento de la Relatoría Especial sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de las denuncias recibidas realiza un seguimiento específico del estado de cumplimiento de la libertad de expresión en la Argentina.

 

Anuncios